Gramlich, de la diócesis de San Isidro, es el segundo caso conocido en la zona en los dos últimos años. La misma sanción, la más dura que puede aplicar la Iglesia frente a la inconducta de uno de sus miembros, fue aplicada al sacerdote José Mercau en noviembre de 2014.
Gramlich, de 58 años, que en pocos días hubiese cumplido 32 de ejercicio sacerdotal, fue denunciado ante el obispado de San Isidro -diócesis en la que vivía y trabajaba- por abuso sexual a alumnos de dos colegios de esa zona en los que trabajó: el Carmen Arriola de Marín y el Juan XXIII.
El domingo pasado se leyó en la parroquia de Santa Rita, de Boulogne, de la que estuvo a cargo entre 2004 y 2012, el comunicado del obispado en el que se informa sobre la decisión de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe -órgano del Vaticano encargado de este tipo de casos-, refrendada por el Papa.
La noticia dejó azorados a muchos feligreses que hasta ese momento descreían de lo que consideraban rumores infundados. Gramlich es un experto en liturgia y autor de varios libros de formación para catequistas y para chicos; fue secretario ejecutivo de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina durante varios años y, como tal, director del Secretariado Nacional de Liturgia.
A causa de los rumores que circulaban en 2004, hubo malestar cuando el entonces obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, trasladó a Gramlich del colegio Marín para nombrarlo párroco de Santa Rita, en Boulogne, iglesia que tiene a su cargo el colegio Juan XXIII.
La investigación eclesial empezó a principios de 2012, a poco de asumir el obispado de San Isidro monseñor Oscar Ojea, que desde 2009 era obispo coadjutor. Inmediatamente y en tanto se desarrollaba una investigación preliminar, Ojea apartó a Gramlich de la parroquia y el colegio.
Medida cautelar
En mayo de 2013, según informó el obispado, con los testimonios de las víctimas y otros elementos de prueba, Ojea dispuso medidas cautelares hasta tanto se arribara a la resolución definitiva. Esas disposiciones autorizaban a Gramlich a seguir ejerciendo el sacerdocio de forma acotada -podía celebrar todos los sacramentos excepto el de la confesión-, pero fuera de la diócesis de San Isidro, zona en la que tampoco podía vivir. También se le pedía no realizar actividades en contacto con chicos y adolescentes. Gramlich estuvo en varias parroquias y desde comienzos de 2014 vivía y trabajaba en la del Espíritu Santo, en la diócesis de San Martín.
Después de un largo proceso en el que ejerció su derecho a la defensa -su representante legal apeló la decisión tomada por monseñor Ojea-, la Santa Sede elaboró un dictamen, a fines de 2014, que también fue apelado por el acusado. Finalmente el dictamen fue confirmado por la sanción comunicada en estos días.
A diferencia del caso de Mercau, que fue denunciado ante la justicia penal y condenado en un juicio abreviado, dado que admitió su culpabilidad, a 14 años de prisión, las víctimas de Gramlich optaron sólo por la justicia eclesiástica. De ahí que los detalles de los hechos por los que se lo acusa no fueron dados a conocer. Cabe recordar que el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad empieza a regir desde que la víctima tiene 18 años.
Ayer, LA NACION intentó comunicarse, sin éxito, con Gramlich y con Casaretto.
Ojea expresó que "al ser informadas las víctimas sobre el último dictamen de la Santa Sede sintieron que fueron escuchadas y que esto tenía un valor reparador de aquello que habían denunciado un tiempo atrás". Y agregó: "Esto implica el compromiso del Santo Padre cuando habla del camino a seguir frente a estas situaciones que tanto daño hacen al santo pueblo de Dios". (Fuente: Diario La Nación)
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