“El saqueo es un delito y, como cualquier delito, se tiene que procesar a las personas que lo cometen; sobre todo a quienes, sin hambre, instigan y organizan para que se produzcan estos hechos”, reclamó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Posse se refirió a los inconvenientes que comenzaron en Córdoba, el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando la policía se acuarteló en reclamo de un aumento salarial a un mínimo de 10 mil pesos por mes. En ese momento, saqueos y hechos de violentos se desataron en distintos puntos de la provincia y que, desde la semana pasado, también se extendieron a otras como Río Negro, Neuquén, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Chubut, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Jujuy y San Luis.
“En política nadie debe creer en espontaneidades o que la gente salió a saquear porque espontáneamente se le ocurrió hacerlo. Hay punteros políticos de todos los partidos que en muchos lugares de distinto color político al suyo desearían que haya saqueos porque, como dirigentes, creen que son más importantes si tienen ese poder de convocatoria y movilizaron en los barrios.”
Además, el intendente indicó que en Argentina hay una cultura del saqueo que se acentuó a partir de la crisis económica, social y política de 2001. “En San Isidro trabajamos para evitar que ocurran este tipo de hechos. Cuando en 2001 hubieron algunos saqueos, el Municipio llevó adelante el procesamiento de esas personas ante la justicia penal pero como respuesta tuvimos el famoso verso de que la protesta no podía judicializarse”, criticó.
“Los docentes, los policías y los enfermeros tienen que ganar bien; para eso está el Estado. El gobierno provincial no está para hacer recitales o para gastar 2.300 millones de pesos en publicidad y prensa. El dinero hay que volcarlo a esos sueldos”, remató Posse.
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