Tras una maratónica sesión, se aprobó este miércoles 6 de marzo, el proyecto de comunicación presentado por Acción Vecinal con el acompañamiento de los bloques Convergencia Federal, Peronismo por San Isidro y UCR.
El bloque de concejales sostuvo en un comunicado que: "A pesar de haber podido eludir el debate ya que el municipio carece de competencias en cuestiones educativas, nuestro bloque decidió dar quórum y habilitó el debate sobre el tema con la intención de buscar la verdad y apoyar a los vecinos afectados por el accionar irracional del personal denunciado.
En la discusión legislativa, quedó claramente establecida la responsabilidad del gobierno provincial en el control, habilitación y fiscalización de todo servicio educativo, conforme a lo establecido en la legislación provincial de educación desde hace más de una década en la Ley 13.688.
Acción Vecinal San Isidro denunció la clara intencionalidad política del interbloque “Kristinista” -integrado por el Frente para la Victoria con el acompañamiento de Convocación por San Isidro y los concejales Chamatrópulos, Fandiño y Bastidas- de trasladar responsabilidades a los gobiernos municipales para tapar la ineficiencia de la gestión provincial."
También denunció públicamente las operaciones de prensa que sistemáticamente se implementan desde el kirchnerismo –utilizando los medios de comunicación de su propio monopolio como Telam, C5N y Diario Popular- para "dañar la imagen y gestión de gobiernos que no se disciplinan ante el autoritarismo del gobierno nacional". Estas mismas situaciones se producen de forma cotidiana con diversos ataques y mentiras que buscan dañar las gestiones de gobierno como los casos de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. lo mismo se intentó hacer con San Isidro utilizando el lamentable caso de Tribilín.
Esta situación se puso de manifiesto cuando concejales de Acción Vecinal y otros bloques quisieron tener derecho a réplica ante las cámaras de C5N para dar a conocer sus voces y los periodistas se rehusaron a este requerimiento tomando solo declaraciones de los concejales afines a los intereses políticos de los dueños de este medio.
Por otra parte, "negamos que se haya ejercido violencia o impedido el ingreso de padres y vecinos que quisieran presenciar el debate, tal como maliciosamente se pretendió instalar en los medios. Las cámaras de Concejo así lo demuestran".
El proyecto aprobado, tras repudiar los hechos ocurridos, solicitó informes a la Provincia de Buenos Aires sobre el caso en cuestión y reclama la creación de jardines maternales públicos provinciales para satisfacer la demanda de los vecinos.
También se pidió informes al Departamento Ejecutivo municipal al solo fin de demostrar que no hay nada que ocultar.
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