“Hoy se encuentran en riesgo de quedar sin atención unas 100.000 personas con discapacidad”, alertó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, al referirse a la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que recortó los subsidios que recibían los padres con hijos discapacitados por cobertura de salud y financiamiento de la educación especial.
La resolución 1200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud modifica los alcances de la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
“La resolución 1200 de la Superintendencia de Servicios de Salud desconoce prestaciones que están reconocidas por la Ley desfinanciando el sistema de atención a personas con discapacidad. Hoy se encuentran en riesgo de quedar sin atención unas 100.000 personas con discapacidad”, indicó el jefe comunal.
Ayer cerca de 8000 personas se reunieron frente a la sede del PAMI y de la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar por esta medida que afecta a unas 100.000 familias.
“No se pueden dictar resoluciones contrarias a lo que establece la Ley. Debemos velar por quienes más lo necesitan y por quienes tienen capacidades distintas. Debemos velar por la sociedad mirando el conjunto”, expresó Posse.
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