La tragedia de Baby Etchecopar en San Isidro y el asesinato en ocasión de robo del joven Alexis Ayala en Lanús, son parte de una estadística que habla de más de 50 mil delitos violentos que azotan anualmente a los bonaerenses.
Si bien los medios trataron con mucho espacio estos dos hechos de inseguridad, en general no profundizaron sobre responsables y acciones para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Los mayores niveles de inseguridad se dan en el área metropolitana que abarca la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
Nombrar a los responsables políticos directos del avance del delito es tener que hablar de la ineficiencia y hasta la corrupción que permea todo el sistema de seguridad en la Provincia de Buenos Aires.
Es hablar de una muy mal capacitada policía, con bajos sueldos, institucionalmente desprestigiada, con altos niveles de corrupción y usada muchas veces políticamente para tareas que no le son propias.
Es hablar de un sistema penitenciario bonaerense en iguales condiciones, donde como bien se dice, son “escuelas de delincuentes” con niveles impensados de violencia y tráfico y consumo interno de drogas y alcohol.
Es hablar de un sistema judicial permisivo e ineficiente. Permisivo, porque incorporó una visión acomplejada que evita sancionar el delito y pone casi en un mismo nivel de victima tanto al que ejerce la violencia (es decir el delincuente)como al que la padece (es decir la víctima). Ineficiente, porque solo resuelve no más del diez por ciento (10%) de los delitos que se cometen.
Es hablar de un sistema de políticas poblacionales y de ocupación de la tierra que favorece otro tipo de delitos, como es la radicación y ocupación clandestina de tierras con asentamientos nuevos, lo que favorece la operatividad y ocultamiento de bandas delictuales de distinto calibre y complejidad en diferentes barrios bajos del Gran Buenos Aires.
Pero hablar de ello significa principalmente hablar del Gobierno y los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires. Significaría hablar de los Duhalde, los Ruckauf, los Solá y los Scioli.
¿Por qué frente a estos hechos no se pide que los responsables den la cara.? ¿Por qué los medios no exigieron al Gobernador Scioli o al Ministro de Seguridad Casal o a los máximos responsables policiales de la bonaerense dar algunas explicaciones.?
Vaya hipocresía en la Argentina. Solo se habló si era bueno o malo tener armas, si una supuesta garita era o no conveniente. Se trabajó desde lo médico en el caso de Baby, solo los médicos ponían la cara. Ningún Jefe Policial, menos aun el Ministro o el Gobernador.
En Lanús los vecinos salieron a reclamarle a un intendente que, como los demás, muy poco pueden hacer en temas de seguridad, monopolio del Estado Nacional y de los Gobiernos Provinciales. Algunos municipios como San Isidro, Tigre o Ezeiza vienen haciendo fuertes inversiones en un tema del que no son responsables primarios ni tienen competencias legales directas para resolverlo.
Pero esta hipocresía no es casual, va de la mano del anuncio que busca crear la una supuesta “Policía Municipal” que los municipios no manejarán, porque la policía seguirá dependiendo del Gobernador y sus funcionarios. Es parte de una estrategia tendiente a transferir responsabilidades a quienes no las tienen, a los municipios.
A muchos parece no importarles quienes son los responsables. Total.., la gente le reclama al Estado en general y no sabe muy bien de quienes dependen las políticas de seguridad o quienes cobran para brindar servicios que luego no prestan o son de baja calidad.
Sin duda los medios, formadores de opinión fundamentales en toda democracia, sean tanto oficialistas como los que se pueden considerar independientes, evitaron la discusión sobre las responsabilidades. La falta de identificación de los responsables parece que tiene por objeto “proteger” al Gobierno de Scioli, generoso y solidario al momento de repartir las pautas publicitarias oficiales.
Y a los demás,¿quién nos protege..?
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