Cuando en diciembre de 2009, el kirchnerismo logró sancionar la reforma a la Ley Electoral, la misma se presentó con “bombos y platillos” como una herramienta fundamental para el fortalecimiento democrático y la reforma política. En aquel momento muchos expresamos que la misma era solo una mezquina reforma electoral, y estaba muy lejos de ser la reforma política que la sociedad e importantes sectores de opinión pública reclamaban.
La nueva normativa no solo confundió instituciones electorales con cuestiones político partidarias, sino que no resolvía algunos de los temas más cuestionables como son la vigencia de las listas sábanas –fundamental en los grandes distritos-, y la necesidad de transparentar el financiamiento de los partidos. Esta fue una crítica también formulada por importantes sectores académicos e integrantes de la propia justicia electoral.
Así, los principales reclamos que se visualizaron durante la crisis de 2001-2002 eran ocultados por una supuesta mega reforma electoral. Algo parecido ya había ocurrido cuando Eduardo Duhalde formuló sus propias reformas al sistema.
Lo cierto es que en la (¿República?) Argentina, muchos políticos tironean de la Ley Electoral para ajustarla según sus necesidades y conveniencias circunstanciales.
Sin entrar en los históricos casos del “tironeo y abuso” de la ley electoral por parte de los conservadores y el llamado “fraude patriótico”, o las reformas constitucionales de Perón en el ’49, o la aceptación tácita de la proscripción peronista del `55 al 73, lo cierto es que importantes sectores de la política en la Argentina tiene una tendencia a acomodar la legislación electoral para satisfacer las necesidades circunstanciales de algún gobernante o sector político. Sea para ganar las elecciones con fraude, para poder ser reelecto o para perjudicar a potenciales adversarios.
Esta situación tampoco cambió desde la recuperación democrática en 1983: Menem buscó con la reforma constitucional de 1994, propiciar su reelección. Lo demás, si bien modernizó algunos conceptos, era accesorio y formó parte de las negociaciones.
En 1999 el PJ y el Duhaldismo “inventan” en la Provincia de Buenos Aires el mecanismo de las llamadas “colectoras” y las listas “duplicadas”. Con ese “invento” logran conservar con Ruckauf la Provincia, que podían haber perdido a manos de Graciela Fernandez Meijide y la Alianza.
Tras la crisis del 2001, cuando en forma masiva la opinión pública reclamaba la necesidad de una reforma política y del Estado, Eduardo Duhalde intentó a través de una modificación electoral calmar por un lado la demanda, y por otro, superar inconvenientes dentro de la estructura del PJ. Ese tironeo permitió incluso que el Justicialismo presentara tres candidatos a presidente: Menem, Rodríguez Saa y Kirchner. Paralelamente se dictaba una ley de internas abiertas, que sería dejada sin efecto por “inconveniencia” política y no se aplicaría en las elecciones del 2003. Nuevamente salen a la luz los mezquinos intereses políticos por sobre los intereses de construir una mejor democracia y consolidación ciudadana.
Finalmente en 2009 el kirchnerismo, hizo uso y abuso de la ley electoral en la Provincia de Buenos Aires –principal distrito electoral donde vota casi el 33 % del padrón nacional- generando el festival de colectoras, duplicaciones y candidatos testimoniales. Por supuesto, todo en nombre de “fortalecer la democracia”. ¡Una vergüenza!
Sin embargo esta maniobra no impidió su derrota en las legislativas del 2009, por lo tanto había que pensar mejores estrategias electorales, no por el fortalecimiento de la democracia, sino para preservar el poder que tambaleaba.
Entonces inventaron una ley para que queden unos pocos jugadores, solo los grandes, pero que continúen los vicios de las listas sábanas, de la falta de transparencia en el financiamiento partidario, como así también la habilitación para presentar candidaturas testimoniales, etc.
Esta ley fue votada por la mayoría kirchnerista en acuerdo con muchos radicales, gobernadores de distinto color político y peronistas disidentes. Sin duda la Ley tiene algunos elementos que pueden llegar a mejorar el sistema, pero el problema son todos los aspectos que omite y no modifica.
Sin embargo hoy ya están pensando en no aplicarla, porque no les conviene. Prueba de ello es que el gobierno nacional reglamentó parcialmente la ley. Scioli adhirió y sancionó una Ley similar, pero aun no la reglamentó. La justicia exige información, recursos y normativa que quienes deben proveerla (Cirstina K y Scioli) y no lo hacen. Asimismo los intendentes “pejotistas” pueden aceptar las internas abiertas pero no quieren el sistema D’Hont que impone la ley. Por otra parte los “radicales” tienen presiones de sus socios menores –Socialismo y GEN- que no quieren quedar encerrados de una interna entre candidatos radicales y la ley no les da muchos márgenes para resolver el problema. En síntesis, como consideran que en el actual contexto no les conviene su aplicación, ya están pensando en la manera de impedirla o generar mecanismos para desvirtuarla. La única duda es quien paga este costo.
De darse esta situación habremos sido testigos de un nuevo “tironeo y manoseo” a las leyes. Si quienes deben dar el ejemplo no lo dan, si quienes deben preservar la institucionalidad la deterioran según sus conveniencias, estaremos volviendo a dañar lo que la democracia más debe cuidar: la confianza ciudadana en las instituciones republicanas.
El doble discurso de exigir respetar las leyes por un lado, para desvirtuarlas por otro, no es justamente la ejemplaridad que hoy necesitan los ciudadanos para volver a creer en la política.
Concejal Dr. Carlos Castellano
Presidente del Bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto
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